Una noticia que no queríamos dar
Desde la Fundación Sierra Minera lamentamos profundamente comunicar que, a partir de abril de 2025, no podremos continuar con varios proyectos socioeducativos dirigidos a menores y jóvenes en la Sierra Minera de La Unión y Cartagena.
Llevamos desde el año 2002 desarrollando un proyecto de intervención comunitaria en el Barrio de San Gil, a lo largo de estos años ha dependido de diferentes Consejerías, adaptándonos a los cambios institucionales y normativos. Desde 2014, este trabajo se ha sostenido gracias a las Convocatorias de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, permitiéndonos dar continuidad a una labor imprescindible en el territorio. Esta financiación pública ha sido reforzada con otras vías, siempre con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas en situación de vulnerabilidad.
En los últimos años, dentro de esta misma convocatoria, presentamos dos iniciativas más, nacidas del diagnóstico compartido con los Servicios Sociales de zona y los centros educativos. Así surgieron los proyectos FÉNIX (desde 2018) y COMPENSA (2021), con clases de compensación educativa, talleres de competencias lingüísticas y talleres socioeducativos dirigidos a menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Desde entonces, hemos atendido a 700 menores y jóvenes en riesgo de exclusión, en estrecha colaboración con la comunidad educativa. Nuestro objetivo, garantizar las mismas oportunidades educativas para todos los niños y niñas, acompañando sus trayectorias escolares y personales con compromiso.
Sin embargo, por cambios en los criterios y líneas de actuación de la convocatoria de Lucha contra la pobreza, nos hemos visto obligadas a presentar nuestras iniciativas en la convocatoria del IRPF, y han quedado fuera. De este modo, se dejan fuera iniciativas que responden a necesidades estructurales y se abandona a territorios con alta vulnerabilidad, dejando sin apoyo a quienes más lo necesitan. Esta forma de actuar agrava las desigualdades y rompe avances logrados hacia la inclusión y la justicia social.
En concreto, este año los proyectos más afectados han sido el de intervención comunitaria en el Barrio de San Gil, y el COMPENSA, que contemplaba intervenciones socioeducativas en varios centros escolares. Al quedar fuera de la convocatoria de subvenciones de la Dirección General de Servicios Sociales, Tercer Sector y Gestión de la Diversidad, la continuidad del trabajo comunitario en el Barrio San Gil queda comprometida, y cientos de menores se quedan sin apoyo, los centros sin recursos, y el territorio sin una respuesta institucional adecuada.
Seguimos adelante, aunque con menos medios. Pese a todo, no renunciamos a nuestra misión. Continuamos trabajando para mantener y encontrar nuevas vías de financiación —públicas y privadas— que nos permitan seguir respondiendo a las necesidades del territorio y dotar a las personas más vulnerables de herramientas para su inclusión y empoderamiento.
Está justificada la existencia de convocatorias de subvenciones a proyectos sociales en régimen de concurrencia competitiva para ciertos proyectos puntuales o innovadores, pero creemos firmemente que los proyectos de continuidad, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad, no pueden estar sujetos a esta inestabilidad y precariedad en su financiación.
Aplicar ese modelo a intervenciones estructurales pone en riesgo derechos fundamentales, desatiende realidades complejas y frena los avances logrados con años de trabajo comunitario.
Seguiremos colaborando con las administraciones públicas y con otras entidades del tercer sector para reclamar modelos de financiación más justos, estables y sensibles a la realidad social, que garanticen la atención a quienes más lo necesitan.
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Juntas y juntos, seguimos creyendo en un futuro más justo e igualitario para todas las niñas y todos los niños.